Los privilegios de los políticos, ¿deben los hombres públicos tener trato especial?

Revista Capital

05 septiembre 2008

Las elecciones democráticas encarnan un mecanismo de representación directa, de tal modo que cada persona popularmente electa reconoce la responsabilidad de traducir las preferencias de los ciudadanos en acciones y políticas públicas concretas. Ahora bien, en su condición de representante, también están implícitos ciertos beneficios y privilegios que los pauperizan del resto de la gente. Pero, ¿cómo se justifican salarios sustancialmente más altos al del promedio de los chilenos? Y ¿bajo qué método se fija éste sueldo sin ser un área de competitividad dentro del mercado invisible? Pero más importante, ¿por qué son considerados como personas más trascendentales que los ciudadanos comunes?

El trato preferencial a los legisladores no es un tema nuevo. Los círculos aristocráticos y oligárquicos se han manifestado permanentemente desde la época de la independencia. Si bien las diferencias sociales y culturales siempre se han evidenciado como los enclaves más notorios, son los datos económicos los más lapidarios. En tanto es natural esperar que los legisladores tengan beneficios extraordinarios que incrementen sustancialmente sus atribuciones monetarias, son los beneficios especiales y la magnitud de estas sumas, los cuales llaman la atención. Por ejemplo, los innecesarios y frecuentes viajes al extranjero, y las prolijas entradas gratuitas para asistir al Estadio ya son temas comunes. Y como si esto fuera poco, las cifras de las afamadas dietas terminan por erguir esta tesis de que los legisladores cuentan con beneficios excesivos. En esta línea, el problema central es que los montos asignados como sueldos –y asignaciones varias– de los parlamentarios son definidos y aprobados por ellos mismos. De tal modo que podría aumentar indefinidamente al no poder ser contrastado con lo que se considera un sueldo razonable –o ético- ajustable al mercado común.

Ahora bien, normativamente ¿cómo se deberían fijar estos altos sueldos? Lo central es observar las tasas de participación de los legisladores en sus propios trabajos, la cual debería ser directamente proporcional al sueldo. Es decir, si participan en 100% de sus tareas obligatorias, se merecen el total del sueldo. Lamentablemente, la realidad chilena es lejana a ese  postulado. En la última camada de diputados sólo 6 de 120 tienen 100% de asistencia a las sesiones. Algo similar sucede en la cámara alta, donde sólo 5 de 38 han participado en todas las sesiones. Aunque existen leyes que sancionan estas ausencias, siguen siendo ineficaces en su objetivo.

Si bien se puede justificar de innumerables formas las exageraciones en las dietas parlamentarias y los beneficios extraordinarios que tienen los legisladores, no debemos olvidar lo sustancial de estas personas: su carácter representativo. Pero más allá de eso, no lo deben olvidar ellos, quienes son los que con poder prestado tienen la facultad de legislar sobre su propio devenir. Ergo, parte de su responsabilidad consiste también en ser enfáticos en aplicar el sentido común y la mesura al momento de tomar decisiones.